Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana quedó detenido tras exigir una multa falsa de $2.500 a un ciudadano de 72 años en Caracas.

El hecho ocurrió en la parroquia La Candelaria, donde el agente Erick José Ramón González detuvo al septuagenario por una supuesta infracción de tránsito.

Según testigos, el funcionario solicitó el dinero para omitir el procedimiento, lo que generó alarma entre los allegados del afectado y sus compañeros de trabajo.

Multa falsa desata indignación ciudadana y acción judicial inmediata
La víctima accedió a acompañar al agente hasta su lugar de trabajo, donde planeaba entregar el dinero solicitado sin levantar sospechas.

Sin embargo, empleados de la empresa ya habían alertado a la Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales sobre la irregularidad cometida por el funcionario.

Al llegar al sitio, las autoridades procedieron a la aprehensión inmediata de Erick José Ramón González, quien quedó a la orden del Ministerio Público por el caso de una multa falsa.

Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 76ª del Área Metropolitana de Caracas imputó al agente por extorsión y omisión intencional de funciones agravadas.

El Tribunal 40° evaluó los elementos de convicción y dictó medida privativa de libertad, ordenando su reclusión en El Rodeo II, en Guatire.

Este caso de multa falsa evidencia la necesidad urgente de reforzar los controles internos en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

Además, pone en relieve la vulnerabilidad de los adultos mayores ante abusos de autoridad y prácticas corruptas que aún persisten.

La rápida acción de los testigos y la coordinación institucional fueron claves para evitar que el delito se consumara sin consecuencias.

Organizaciones civiles exigen mayor transparencia, formación ética y mecanismos de denuncia accesibles para prevenir futuros casos similares en todo el país sobre la aplicación de multa falsa.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de extorsión o abuso por parte de funcionarios públicos.

Vía: RDN